Archivo de la categoría: Pliegos y Contratos

Licitación del Acuerdo Marco de homologación de empresas de vigilancia y seguridad en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja | Con cláusulas sociales como que obligan al cumplimiento estricto de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy la licitación del Acuerdo Marco de homologación de empresas de vigilancia y seguridad en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por un importe de 9.074.434,53 euros y un plazo de ejecución de dos años. Este contrato supone un paso más dentro de la apuesta del Gobierno de La Rioja por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en este caso, en el ámbito de la contratación pública, ha resaltado la portavoz del Gobierno riojano, Begoña Martínez.

Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de noviembre en el Registro General del Gobierno de La Rioja (C/. Capitán Cortés 1, bajo-26071-Logroño). El contrato se compone de dos lotes. Uno se refiere a los servicios de vigilancia y seguridad en la Administración General de la CAR, excepto centros docentes; y otro que afecta al resto del sector público de la CAR, incluidos los centros docentes. El primero tiene un valor estimado de 4.914.935,43 euros y, el segundo, de 4.159.499,10 euros.

La principal particularidad de este contrato es que avanza en RSC al incorporar una serie de requisitos que aparecen detallados en los pliegos y que se concretan en la utilización de cláusulas sociales como criterios de adjudicación del contrato y en el establecimiento de condiciones que obligan al cumplimiento estricto de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

Algunos aspectos ya se habían recogido anteriormente en otras contrataciones, pero hasta este momento no se había hecho con tanta amplitud. Así, los pliegos incluyen aspectos como avances en materia de formación durante la prestación del servicio; la posibilidad de que el contrato se pueda resolver en caso de incumplimientos reiterados de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social; o la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores al aplicar los convenios colectivos estatales.

La inclusión de estas condiciones se enmarcan en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que está siendo objeto de estudio en la mesa de políticas públicas del Diálogo Social, de la que forman parte el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), UGT y CCOO.

El Gobierno de La Rioja está impulsando una Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como herramienta generadora de competitividad empresarial, legitimación social y excelencia organizacional. Tal y como ha recalcado en más de una ocasión el presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, “aspiramos a ser una Administración pública socialmente responsable”.

GRUPO DE TRABAJO

Por ello, ha promovido el grupo de trabajo de Responsabilidad Social Corporativa, coordinado por el director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, Fernando Riaño (recientemente elegido vicepresidente primero de la Unión Mundial de Ciegos-UMC), y del que también forman parte representantes de las consejerías de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Desarrollo Económico e Innovación y Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Asimismo, este grupo está constituido por representantes de la FER, UGT, USO, Universidad de La Rioja, Cruz Roja, Cermi, Feaps, Pioneros y la Asociación contra el Cáncer.

La Estrategia contará con tres ejes fundamentales y una serie de medidas concretas que el Gobierno de La Rioja quiere que estén plenamente implantadas en 2020. Precisamente, el primer eje de la Estrategia hace referencia a la RSC en el Gobierno de La Rioja y en el entorno empresarial. En este eje se incluyen medidas encaminadas a que la Administración Pública riojana sea referente y protagonista de la responsabilidad social apostando por una estrategia transversal para que la Administración pública sea socialmente responsable.

Una de las principales acciones es la puesta en marcha del citado Plan de Responsabilidad Social en organismos y empresas públicas, que incluya la implantación de un sistema de gestión de RSC como elemento de competitividad y excelencia en la Administración.

Asimismo, se va a llevar a cabo un plan específico en materia de accesibilidad y se van a marcar objetivos específicos en materia de contratación de personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Otra de las líneas de actuación es la realización de un programa de promoción del consumo responsable y se buscará convertir La Rioja en destino turístico socialmente responsable. También se llevará a cabo un programa de promoción del voluntariado corporativo y la acción solidaria de empresas y organizaciones.

El segundo de los ejes de la estrategia hace referencia al liderazgo del Gobierno de La Rioja en RSC e incluye, entre otras acciones, las medidas encaminadas a la promoción de la RSC en las empresas; programas de promoción/innovación de su implantación (especialmente en las pymes); y un Foro anual de RSE La Rioja que propicie el fomento y el intercambio de buenas prácticas, tanto en el ámbito público como privado.

Por último, el tercer eje se refiere a la transparencia y en él se enmarcan las acciones dirigidas a establecer canales de diálogo con los principales grupos de interés y con la sociedad riojana en general.

Ver el Boletín  Oficial en  PDF

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Empresas como Seguridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social

La vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha utilizado las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa para ridiculizar a los diputados que se han puesto a su tarea, sin escudarse en la inexistencia de un nuevo gobierno para holgar. La “vice” buscaba ángulos jocosos entre las 60 solicitudes de comparecencia presentadas para que los miembros del Gobierno en funciones den las debidas explicaciones. De todas maneras, en momentos de desencanto como los actuales debe evitarse hacer tabla rasa indiscriminada y denostar a todos por igual. Conviene diferenciar entre quienes cardan la lana y quienes llevan la fama. Amanecerá, pero, entre tanto, los comportamientos inertes de algunos diputados deben separarse de los que caracterizan a quienes se aplican al ejercicio del control. El principio de que nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia se aplica todavía con más rigor para afirmar que todas las cuestiones cambian a partir del momento en que toman estado parlamentario.

En particular, el escrito de 15 de septiembre a la Mesa del Congreso de los Diputados, de Antonio Trevín, elegido por la circunscripción de Asturias, enfoca la situación de la seguridad privada en España, menciona su perfil polémico por ser considerado a veces una vía para eludir la prestación del servicio público y diferencia entre las empresas de indudable profesionalidad y las que han proliferado en los últimos años, poco respetuosas con los derechos de sus trabajadores e incumplidoras de sus obligaciones fiscales y tributarias. Es un hecho de observación general que sin estar al corriente de esos pagos contratar con las administraciones públicas resulta imposible. Pero esa imposibilidad se ha demostrado que en absoluto es cortapisa de existir la conexión adecuada cuando la gestión corresponde a gobiernos del Partido Popular.

El caso que relata el diputado Trevín es aún más agudo porque hay sentencias judiciales firmes que conllevarán el pronto ingreso en prisión de algunos de los dirigentes de las empresas aludidas y porque se han detectado extorsiones y amenazas contra responsables sindicales enfrentados a las empresas piratas y propulsores de actuaciones judiciales, en particular contra Seguridad Integral Canaria, al considerarla incursa en delitos referentes a la Seguridad Social y la Hacienda Pública. En consecuencia, el diputado pregunta en su escrito qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para poner orden en el sector de la seguridad privada, cómo está garantizando la seguridad de las personas que han tenido el atrevimiento de ser denunciantes de comportamientos irregulares y cuántas inspecciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas de seguridad privada desde 2014 en adelante.  

Indultos y contraindultos

Bajando al detalle, asombran los contratos asignados a Seguridad Integral Canaria Ralons, para los que no han sido obstáculo las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de su propietario Miguel Ángel Ramírez Alonso, ni tampoco el hecho de que esté condenado por delito medioambiental. Mientras, sigue sin explicarse que fuera indultado por el Gobierno, siendo Alberto  Ruiz Gallardón ministro de Gracia y Justicia. Aunque su irregularidad era tal que el indulto fue  anulado después por los tribunales. Como recordaba el periódicoAHORA, entre los contratos citados en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 20 de marzo de 2014 figura uno de 11 millones de euros con Patrimonio Nacional. Algunos más implican al Ministerio de Defensa por importe de 32 millones de euros y al Metro de Madrid por importe de más de 12 millones de euros. ¿Hay alguien ahí competente para aportar las debidas explicaciones? Veremos. 

https://www.ahorasemanal.es/seguridad-privada:-incumplimientos-e-inspecciones

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Prosegur pierde la seguridad del aeropuerto del Prat tras varios fallos

Prosegur ha perdido el contrato de filtraje de pasajeros delAeropuerto del Prat de Barcelona. El grupo de seguridad ha cedido el concurso con una oferta a la baja tras ser sancionada en varias ocasiones por deficiencias en el servicio. Grupo Eulen tomará el relevo de la corporación para los dos próximos años, según ha podido saber Crónica Global.

Fuentes sindicales confirman que Prosegur “había acumulado varios expedientes” por fallos en los controles de seguridad. Ello incluiría “demoras excesivas en las colas y falsas alarmas que los empleados no habrían detectado”.

Cualquiera que sea la causa, Prosegur ha perdido un contrato con un presupuesto de salida de 23,6 millones de euros a dos años.

Empleados

La versión oficial la matizan empleados. Sostienen que la compañía “consideraba bajo” el precio de licitación de Aena para cubrir un servicio que emplea a unas 300 personas en elhub aéreo barcelonés. De hecho, la firma no habría renovado algunos contratos por este motivo.

Precisamente, el futuro de los trabajadores preocupa ahora en el aeropuerto. “Estaremos muy atentos a la subrogación de los puestos de trabajo por parte de Grupo Eulen”, han confirmado fuentes del sindicato UGT.

Información completa

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ALCOR | El Principado no logra frenar la huelga de los vigilantes de Sograndio

«¿Cómo es posible que no suspendan el contrato con Alcor ya, si incumple por completo lo firmado?». Rafael Bravo, portavoz de Comisiones Obreras, resumía así el enfado con el Principado de la plantilla de vigilantes del único centro de internamiento a menores de Asturias, el de Sograndio. El mismo que, desde las diez de la noche del domingo, tendrá al equipo de seguridad en huelga, un paro que no concluirá hasta una semana después. «A cada trabajador Alcor le adeuda unos 4.000 euros. Es una cantidad muy elevada, pero nadie hace nada para que se cumpla la ley», lamentaba ayer Bravo. Lo hizo tras concluir la concentración de protesta ante el centro, organizada conjuntamente por los sindicatos UGT, USO y CC OO, unidos en el apoyo a las reclamaciones de los trabajadores.

Fuente : elcomercio.es

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Alcor | La empresa de seguridad del AVE obligaba a quien contrataba a firmar 20 folios en blanco

Los directivos de la empresa de seguridad Alcor, que vigila los explosivos y las herramientas que se utilizan para construir el AVE Madrid-Galicia o la Y vasca, obligaban a los trabajadores a firmar entre una decena y una treintena de folios en blanco en el momento de la rúbrica del contrato. Así lo ha declarado un grupo de empleados el pasado 4 de marzo ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que investiga a la mercantil por ocho delitos en el marco de la causa que dirige el Juzgado número 2 de Monforte de Lemos (Lugo), localidad en la que está incardinada la sede central de la compañía.
Información completa en el confidencial.

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UGT denuncia la contratación de una empresa investigada para la seguridad de la fábrica de armas

El sindicato UGT ha denunciado la contratación de una empresa investigada por la justicia para la seguridad de la fábrica de armas de A Coruña, motivo por el que estudia la convocatoria de movilizaciones, según informa.

En un comunicado, señala que el servicio de seguridad que venía realizando la empresa de Seguribérica “está siendo prestado por Alcor”, empresa de la que subraya que está “en el punto de mira de la justicia por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública”, entre otros.

El sindicato señala que la anterior concesionaria del servicio de vigilancia de la fábrica de armas “ha remitido comunicación a todos los vigilantes que prestaban servicio en la fábrica de subrogación a partir del próximo día 11 del presente mes”.

Además, sostiene que, según sus informaciones, Alcor podría “entrar en breve” en concurso de acreedores y muestra su preocupación porque esta empresa “respete los derechos a los trabajadores que prestaban servicio en la antigua fábrica de armas”.

“Si al final se les obliga a pasar subrogados a esta empresa, UGT convocará movilizaciones ante el primer incumplimiento de Alcor tanto en legislación laboral como en la legislación propia de seguridad privada”, argumenta.
laopinioncoruna

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UGT pide a la Junta que las empresas de seguridad cumplan la cláusula social

El sindicato UGT ha pedido a la Junta de Extremadura que exija a las empresas de seguridad privada que trabajan para la administración autonómica que cumplan con los requisitos exigidos en la cláusula social instaurada para 2016.

Esta cláusula valora a la hora de la contratación que la empresa cumpla el convenio nacional del sector, así como otras medidas en beneficio del trabajador, como ha recordado a Efe el responsable de Seguridad Privada de UGT Extremadura, Raúl Plano.

El responsable sindical denuncia, sin embargo, que tras las últimas adjudicaciones de concursos concedidas principalmente a una misma empresa, ésta no esté cumpliendo esta cláusula, aunque no es el único caso, ha añadido.

El representante sindical ha pedido que las empresas adjudicatarias cumplan el convenio nacional de seguridad privada, que contempla mejores condiciones para los trabajadores de las que ofrecen los convenios de empresa.

Según ha expresado, el problema derivado de la reforma laboral, que permite el “descuelgue de los convenios” por parte de las empresas, a lo que se une que la cláusula social autonómica tiene “diversos vacíos legales” que son “aprovechados” por las compañías.

El sindicato espera reunirse con los responsables autonómicos del sector para que se realice un contrato marco que obligue al cumplimiento del convenio nacional del sector.

En opinión del máximo responsable de Seguridad Privada de UGT en la comunidad autónoma extremeña, la solución pasa por este contrato marco, que ya existía hace unos años en este área.

Uno de los “problemas” del sector, como ha dicho Plano, es que las empresas “venden” una supuesta disminución de la actividad para realizar políticas laborales restrictivas, pero la realidad “es otra”.

Así, la administración pública “sigue ofertando los mismos contratos” y la actividad privada se mantuvo en 2015, y sin embargo creció la “precariedad” en la comunidad autónoma.

El sector firmó un convenio para el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016 que permite una serie de mejoras, como el incremento de los salarios o los pluses de vestuario y transporte en las pagas extras, mejoras que “no cumplen todas las empresas”.

finanzas.com

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ALCOR | La justicia investiga a la empresa que vigila el AVE a Galicia por ocho delitos | Blanqueo, fraude a la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, revelación de secretos, simulación de contratos o alzamiento de bienes .

La empresa de seguridad Alcor, responsable de vigilar las obras del AVE Madrid-Galicia o la Y vasca, está en el punto de mira de la justicia cada vez con más intensidad. Y no solo por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social o a la Hacienda Pública, que ya fueron dados a conocer por El Confidencial, sino también por casi media docena más de infracciones contempladas en el Código Penal.

Así se deduce del reciente auto emitido por la jueza María Yanet Puga, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos, localidad donde tiene su sede central la mercantil, fechado el pasado 18 de marzo, que ordena despiezar la causa en cinco investigaciones, además de la principal, correspondientes a la instrucción de otros cinco delitos. En concreto, se trata de alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial por la posible alteración del libro de catálogo de medidas de seguridad de la empresa, estafa por simular un contrato de trabajo para obtener una prestación por desempleo a la que no tenía derecho y tráfico de influencias.

El Juzgado achaca indiciariamente estos delitos a los directivos de la compañíaCarlos Somoza -presidente y administrador único-, Ramón Mateos, Antonio Francisco Soler, Yaiza del Carmen Santana y dos personas más llamadas Berta y José Manuel sobre los que el auto no apunta los apellidos. Argumenta la jueza que los delitos que se investigarán en piezas separadas son más sencillos de instruir, “por lo que no parece oportuno posponer su eventual enjuiciamiento” al momento en el que se juzgue la causa principal, “más laboriosa y complicada”.

La pieza principal de la causa -que se encontraba bajo secreto de sumario hasta ahora- investiga a los responsables de la mercantil por explotar a los trabajadores que vigilaban los explosivos utilizados para las obras, someterles a intensas jornadas de trabajo de 12 y 24 horas al día durante más de dos semanas seguidas, obligarles a dormir y ducharse en casetas de obra o forzarles a cobrar las horas extra en metálico, en B o mediante la presentación de facturas personales emitidas a nombre de la mercantil por consumos realizados por los empleados en su vida privada.

Si los empleados no presentaban facturas -que en algunos casos llegaban a hacer incluso los familiares de los trabajadores, para conseguir hacer frente a toda la deuda-, la empresa no abonaba las horas extra. El día en el que se hacían efectivos los pagos, a través de sobre o mediante talones, los empleados formaban largas colas a las puertas de la empresa provocando imágenes que recuerdan a otros tiempos.

Decenas de trabajadores de la mercantil se han concentrado esta mañana en la puerta del Juzgado número 2 de Monforte con el fin de protestar contra la cultura laboral de la compañía. Los manifestantes han sido convocados por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO), organización que denunció a Alcor ante la Policía Nacional, que puso los hechos en conocimiento del Juzgado número 2 de Monforte y que dio origen a las presentes diligencias.

Mientras se desarrollaba la protesta, dentro de la sede judicial, la magistrada abrió la caja fuerte que los investigadores intervinieron en el edificio que ocupaba la compañía. Tras llamar a un cerrajero especializado porque inicialmente no se podía abrir, la jueza se llevó la sorpresa de que no había nada en el interior de la caja.

Alcor, mercantil de seguridad privada que presta servicios a la administración pública y a empresas de toda España, fue fundada en 2009 en Monforte. Cinco años después, alcanzó los 800 trabajadores en plantilla. Actualmente cuenta con cerca de 1.500 empleados. A pesar de este fuerte crecimiento, al menos en apariencia, la empresa se descolgó del convenio colectivo estatal en 2013 y recortó el salario de sus trabajadores.

Fuente de elconfidencial.com

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Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público|La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad.

La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad. El Juzgado de lo Penal 8 de Valencia le condena ahora a seis meses de prisión por conseguirlo de manera irregular.

La empresa de seguridad Magasegur, que acaba de presentar concurso de acreedores, no solo se ha visto salpicada por problemas económicos, sino también por falsedad de documentos oficiales. En concreto, el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado a uno de sus directivos, M. G. G., por imitar la firma del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, para conseguir una adjudicación pública.

Según considera acreditado la resolución judicial, el acusado presentó a la mercantil a la que representaba al concurso promovido por la Universidad de Valencia, que iba a adjudicar el servicio de seguridad privada de todo el complejo educativo. Entre las condiciones que la institución requería a los solicitantes, estaba que estos dispusieran de una delegación autorizada en la capital de la Comunidad Valenciana, cosa que Magasegur no tenía.

Aun así, el condenado presentó el resto de documentación al concurso como si no supiera que faltaban cosas. En paralelo, inició también los trámites para solicitar a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía -organismo competente- una autorización para establecerse en la ciudad del Turia.

Al advertir que no tenía delegación en Valencia, la universidad hizo un requerimiento a la empresa para que esta aportara la documentación que faltaba. Le dio de plazo hasta el 25 de junio de 2014 para presentar la autorización de la Policía que le mostraba que tenía luz verde para establecer la sede provincial. Sin embargo, como el permiso aún no había llegado, el acusado decidió actuar por su cuenta.

Sin que conste el modo, consiguió un documento falso que parecía auténtico, supuestamente librado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional”, fechado el 24 de junio, justo un día antes de que se cumpliera el plazo concedido por el adjudicatario, que autorizaba a Magasegur a abrir una delegación en Valencia, en una calle indicada expresamente por la mercantil. El mismo día que vencía la prórroga, M. G. G. presentó la documentación en el Servicio de Contratación de la universidad.

Leer más:  Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público. Noticias de España  http://goo.gl/ctYgBb

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Magasegur SL | Personal seguridad hospital Lorca, 2 meses sin cobrar por quiebra empresa

El personal de seguridad privada del Hospital Rafael Méndez de Lorca lleva dos meses sin cobrar por la quiebra de la empresa concesionaria del servicio, según ha hecho público hoy el PSOE que se ha solidarizado con la situación de los trabajadores y que ha pedido al Servicio Murciano de Salud (SMS) “que tome cartas en el asunto”.

La concejala Marisol Sánchez ha explicado que los trabajadores de la empresa Magasegur SL han trasladado la situación de impago salarial a su partido, al que han informado también de que el pasado mayo se produjo una situación similar.

Esta circunstancia se suman a que los trabajadores, una veintena, “no han cobrado su salario según lo estipulado en el convenio colectivo”, ha dicho la edil, que ha señalado que el sueldo que percibían era unos 200 euros inferior a lo fijado en el acuerdo que mantiene la adjudicataria con el SMS.

Sánchez ha explicado que la empresa ha entrado en concurso de acreedores sin que el SMS haya comenzado a redactar los pliegos de la nueva concesión, ya que el contrato con la actual concesionaria vencía en mayo.

Por ello ha reclamado máxima rapidez dentro del marco legal para que se proceda al nuevo concurso y para que se incluya en el pliego de condiciones la subrogación de la plantilla actual en su totalidad.

La edil ha abundado en que la misma empresa es la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad privada de las oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y ha señalado que según sus informaciones la situación de los empleados es la misma que la del hospital lorquino.EFE

Fuente de Finanzas.com

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