Archivo de la categoría: JURISPRUDENCIA

El Supremo niega que las empresas puedan eludir la huelga con subcontratas

El Tribunal Supremo ha desmentido hoy en una nota que permita eludir la huelga con subcontratas o que avale que se pueda eludir una huelga con subcontratación, tal y como titulaba hoy el diario Expansión.

Elsindicato Comisiones Obreras (CCOO) emitió una nota en la que advertía que “no es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo haya admitido que ante una huelga convocada se pueda suplir la actividad de los trabajadores acudiendo a subcontratas y cree que haciendo esta consideración se puede correr el riesgo de exagerar los efectos y omitir las matizaciones que introduce el Supremo”.

Concluye el TS que laconducta de la empresa consistió únicamente en comunicar a sus clientes que no podía realizar los trabajos comprometidos, y con ello no “puede decirse que hubiese menoscabado la posición negociadora de los representantes de los trabajadores. Se declara ajustada a derecho la medida de reducción sazlarial al quedar acreditada la disminución de las ventas y el estado global de pérdidas, con perspectiva de futuro también negativa”.

La sentencia – de 26 de noviembre de 2017- establece que las compañías clientes de una empresa en huelga, “con la que no tienen vinculación más allá de la meramente clientelar, puedan contratar con otras los trabajos que tenían suscritos con la empresa en huelga”. En definitiva, el TS estima que la empresa no vulneró el derecho de huelga de sus trabajadores.

El ministro Catalá matiza

Incluso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, matizó la información indicando que:?Creo que lo que el TS hace es matizar que cuando no hay una vinculación esencial entre el prestador de servicios y el subcontratista, ahí puede haber una flexibilidad para garantizar la actividad de las empresas”. Y añadió a continuación, que el TS “ha abierto una línea para que se respete el derecho fundamental a la huelga y al desarrollo de la actividad económica de las empresas”.

El Supremo en esta sentencia revoca el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que declaraba nula una medida de reducción salarial por entender que la empresa vulneró el derecho fundamental de huelga, que los trabajadores mantuvieron durante parte del período de consultas. Por ello, declara ajustada a derecho la medida de reducción sazlarial al quedar acreditada la disminución de las ventas y el estado global de pérdidas, con perspectiva de futuro también negativa.

El ponente, el magistrado Souto Prieto, considera que en esta ocasión no se puede aplicar la doctrina que el Alto Tribunal ya había aplicado en las sentencias de los casos del Grupo Prisa y Coca-Cola, porque el sindicato -la Confederación General de Trabajadores (CGT)- que reclamaba la violación del derecho de huelga no había presentado demanda, porque la empresa contratista no tenía posibilidad de impedir que los clientes usaran los servicios de otras empresas y porque no existían vinculaciones entre las empresas implicadas, principal y contratista, que permitiesen aplicar esa doctrina.

Indica el magistrado que la apreciación que hace la sentencia de la AN recurrida sobre la supuesta vinculación de la empresa Altrad, cuyos empleados estaban en huelga, con sus empresas clientes “es tan amplia que conduciría a consecuencias totalmente exorbitantes respecto de una adecuada protección del derecho de huelga”.

Y sostiene el magistrado Souto Prieto su alegación con el argumento de que “si se impidiese a los destinatarios de los trabajos, que no lo tengan prohibido por contrato, contratar con otras, llegaríamos a sostener, como señala en su informe el Fiscal de la Audiencia Nacional, que los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro, en caso de huelga en el primero, o que, la empresa que tenga que realizar determinados trabajos no pudiera recurrir a otra empresa de servicios”.

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8219894/03/17/El-Supremo-defiende-que-una-empresa-subcontrate-a-otra-en-caso-de-huelga.html

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​TS. Sucesión de contratas | Reducción del volumen de la contrata en el nuevo pliego de condiciones

TS. Sucesión de contratas. Deber de subrogación impuesto por convenio colectivo. Reducción del volumen de la contrata en el nuevo pliego de condiciones

Si la antigua contratista puede disminuir la plantilla por causas objetivas cuando durante la ejecución de la contrata se reduce su volumen y cuando esa reducción opera en el pliego de condiciones de la nueva adjudicación, con mayor motivo puede la nueva contratista, que por imposición convencional se subroga en el personal de la antigua, hacer lo mismo en el supuesto de que la reducción de la contrata venga impuesta en el nuevo pliego de condiciones, minoración que no pudo hacer su predecesora al sobrevenir la reducción con la nueva adjudicación.
(STS, Sala de lo Social, de 10 de enero de 2017, rec. núm. 1077/2015 )

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Seguridad Privada | Validez de la TIP tras la sentencia que anula las TIP donde figura el D.N.I del Vigilante de seguridad

En relación a las consultas realizadas sobre la validez de la Tarjeta de Identidad Profesional del personal de Seguridad Privada, en las que figura el DNI de su titular, adjuntamos comunicado al respecto que remite Policía Nacional.

Descargar PDF del comunicado-validez-tip donde se explica su valided, la forma de actuar para su renovación y los documentos necesarios para tramitar la renovación.

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La Audiencia Nacional avala subidas salariales por convenio en seguridad privada | Seguridad Privada.

La Audiencia Nacional ha ratificado el convenio sectorial de seguridad privada al considerar que las cláusulas sobre incrementos salariales acordados para 2016 como compensación a complementos no percibidos son “conforme a derecho” ya que garantizan el equilibrio en la remuneración del sector.Así lo ha acordado la sala de lo Social en una sentencia en la que rechaza la demanda interpuesta por la Dirección General de Empleo, que impugnó los acuerdos alcanzados por los sindicatos al estimar que vulneraban los convenios de empresa.Una pretensión contra la que se manifiesta la sala, que recuerda que los dos aumentos de 2016 pretenden compensar el equilibrio salarial en el sector tras la renuncia tanto a los complementos pactados en el convenio de 2015 como a parte de las retribuciones en las vacaciones de ese mismo ejercicio.La sentencia explica, además, que el convenio sectorial “no impide ni limita el régimen retributivo” de los de empresa, que tienen prioridad desde su entrada en vigor.Así, de negociarse este año un convenio de empresa que minore el régimen retributivo colectivo estatal, la compañía deberá satisfacer todos los complementos salariales de 2015, con el fin de asegurar el equilibrio pretendido por los sindicatos UGT, CCOO, USO y la patronal APROSER.

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TSJA obliga Alcor a pagar a sus vigilantes el salario del convenio nacional

Según ha explicado el sindicato UGT, en el año 2015, esta empresa había tomado la decisión de aplicar su propio Convenio de Empresa, generando una reducción de más del 20% en los salarios de los Vigilantes. “Tras varias movilizaciones y un intento de huelga, ahora el TSJ Asturias, Sala Social de Oviedo, da la razón a los sindicatos y obliga a esta empresa a pagar el Convenio Nacional y una deuda acumulada de más de 150.000 euros”, ha explicado el sindicato.

La nota señala que el Principado de Asturias, contratante de este servicio (el de Sograndio) y conocedores de la citada sentencia, ha informado de que ya han empezado a aplicar sanciones graves a esta empresa por incumplimiento del pliego de condiciones.

Dada esta situación, el Principado “nos confirma que en Noviembre finaliza este contrato y bajo ningún concepto se volverá a adjudicar a esta empresa ningún servicio de seguridad en nuestra comunidad”, han añadido desde UGT.

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USO suspende de militancia a su responsable de Seguridad Privada

El máximo órgano directivo de la Unión Sindical Obrera (USO) ha acordado en una reunión extraordinaria la apertura de un expediente disciplinario al secretario general de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte Álvarez. Esta decisión, cuyos motivos no han sido comunicados por el sindicato, conlleva la suspensión cautelar de militancia de Duarte mientras dure la tramitación del expediente.

La decisión de la comisión ejecutiva confederal de USO implica que, a partir de este momento, Antonio Duarte no representa a la organización sindical, por lo que cualquier actuación del mismo ante las empresas del sector lo será a título personal, indica una nota enviada a las empresas por el sindicato para comunicar la suspensión del hasta ahora responsable de su sección de Seguridad Privada.
Sus numerosos líos judiciales y su defensa a ultranza de las grandes compañías del sector, especialmente Prosegur, en detrimento de las más modestas, han sido cuestiones clave para la toma de decisión del sindicato. Sin ir más lejos, la pasada semana Duarte inventó una rueda de prensa única y exclusivamente para pedir que la justicia decretara el ingreso en prisión del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, una de las empresas de la competencia de Prosegur. Este hecho lo hizo, además, sin el más mínimo rigor ético y jurídico que se requiere para la labor sindical.

En ese mismo documento, la dirección de USO señala que próximamente informará de los motivos de esta decisión, así como de la persona designada para sustituir a Antonio Duarte al frente de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada.

http://canariasenhora.com/#!/uso-suspende-de-militancia-a-su-responsable-de-seguridad-privada

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“Dónde la ley no distingue, no debe distinguir el intérprete”| PRESTACIONES DEL FOGASA EN LOS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ Cataluña), ha dictado sentencia en RELACIÓN CON LA IMPUGANCIÓN DE TODA REDUCCIÓN PROPORCIONAL DE LOS TOPES MÁXIMOS que realiza el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), cuando se trata de trabajadores a TIEMPO PARCIAL, en el caso de tener que abonar una prestación por insolvencia del empresario.

Tras la insolvencia empresarial, un trabajador reclamó las prestaciones a cargo del FOGASA, tanto las relativas a la cobertura del salario como a la correspondiente indemnización por despido, habiendo efectuado su jornada a tiempo parcial.

Sin embargo, al resolver, el FOGASA calculó el módulo del salario, de manera proporcional a la jornada a tiempo parcial que había venido realizando el trabajador, antes de la terminación de su relación laboral.

Impugnado dicho módulo, y desestimada la sentencia por el Juzgado de lo Social correspondiente, la sentencia del TSJ de Cataluña, se pronuncia sobre que el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial a los efectos del art. 33 del ET, no debe verse afectado por la jornada laboral desarrollada por el trabajador, considerando además, que el límite de responsabilidad legal del FOGASA, calculado con el duplo del SMI, no debe reducirse en proporción al porcentaje de jornada parcial desarrollada por el trabajador, puesto que según dicho Tribunal, la finalidad del art. 33.1, es abonar los salarios pendientes o indemnizaciones, en los casos de insolvencia empresarial, y no se contempla en ningún precepto, ninguna reducción cuantitativa respecto de las cantidades pendientes de pago, de manera que al no mencionarse en el art. 33 ET, previsión específica alguna para los contratos a tiempo parcial, ni reducciones adicionales por porcentajes de jornada, es de aplicación el principio: “dónde la ley no distingue, no debe distinguir el intérprete”.

Los topes máximos de garantía aplicables, deben ser en todos los casos iguales, a jornada completa y a jornada parcial.

No obstante, este tema no está zanjado, existiendo sentencias en contra como las que señala la propia sentencia que ahora comentamos . Descargar  <<Sentencia>>

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7660408&links=%226889%2F2015%22&optimize=20160505&publicinterface=true

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El pleno avala la instalación de cámaras en el trabajo, sin consentimiento del empleado, si son para controlar el cumplimiento del contrato

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por una trabajadora que fue despedida tras comprobar su empleador, mediante la instalación de una cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja. La sentencia, de la que ha sido ponente la Magistrada Encarnación Roca, rechaza que, en este caso, la captación de las imágenes sin consentimiento expreso de la empleada haya vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen. Han redactado votos particulares discrepantes el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se ha adherido la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, y el Magistrado Juan Antonio Xiol.

Según los hechos que constan en la sentencia recurrida, la demandante de amparo fue despedida en junio de 2012 “por transgresión de la buena fe contractual”, tras comprobar la empresa que había sustraído efectivo de la caja de la tienda. El departamento de seguridad de la empresa detectó, gracias a la implantación de un nuevo sistema informático de caja, que en el establecimiento en el que trabajaba la recurrente se habían producido “múltiples irregularidades”. Este hecho levantó sospechas sobre la posibilidad de que alguno de los empleados estuviera sustrayendo dinero, por lo que se encargó a una empresa de seguridad que instalara una cámara de videovigilancia que controlara la caja donde trabajaba la demandante de amparo. Los trabajadores no fueron avisados expresamente de la instalación de la cámara, pero sí se colocó en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, un distintivo informativo.

La sentencia explica, en primer lugar, que la imagen es considerada “un dato de carácter personal”, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos (LOPD). En segundo lugar, que la doctrina ha fijado, como elemento característico del derecho fundamental a la protección de datos, la facultad del afectado para “consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos”.

La LOPD contiene excepciones a esa regla general y, entre otros casos, dispensa de la obligación de recabar el consentimiento del afectado en el ámbito laboral cuando “el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes”. Cuando los datos se utilicen “con finalidad ajena al cumplimiento del contrato”, el consentimiento de los trabajadores afectados “sí será necesario”.

Junto al deber de consentimiento, la ley establece también el deber de información previa sobre el uso y destino de los datos. Este deber permanece intacto incluso en los supuestos en los que no sea necesario el consentimiento.

El Pleno afirma que, de acuerdo con la LOPD, “el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes”; y argumenta que el Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario la facultad de dirección, lo que le permite “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”. Por tanto, concluye, “el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato”.

En cuanto al deber de información, explica la sentencia, persiste pese a la exención del deber de consentimiento; no obstante, para determinar si esa ausencia de información implica o no una vulneración del art. 18.4 CE, el Tribunal debe valorar en cada caso la proporcionalidad de la medida de vigilancia mediante cámaras de seguridad.

En este caso, la cámara estaba situada en el lugar donde la demandante realizaba su trabajo, “enfocando directamente a la caja”. Asimismo, en cumplimiento de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa colocó un distintivo informativo sobre la existencia de cámaras (“zona videovigilada”) en el escaparate de la tienda.

Según el Pleno, gracias a la colocación de dicho distintivo, la demandante de amparo “podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas”. El trabajador –añade la sentencia- conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control”. Se cumple, por lo tanto, con el deber de información previa.

La sentencia concluye, además, que la instalación de las cámaras de videovigilancia responde a la finalidad de control del cumplimiento del contrato de trabajo: “El sistema de videovigilancia captó la apropiación de efectivo de la caja de la tienda por parte de la recurrente, que por este motivo fue despedida disciplinariamente (…) No hay que olvidar que las cámaras fueron instaladas por la empresa ante las sospechas de que algún trabajador de la tiendas se estaba apropiando de dinero de la caja”. No puede afirmarse, en consecuencia, que se haya producido una vulneración del art. 18.4 CE.

En cuanto a la sentencia recurrida, el Tribunal entiende que valoró “adecuadamente” la proporcionalidad de la medida de vigilancia adoptada por el empresario. Se trataba de una medida “justificada (ya que existían razonables sospechas de que algunos de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si alguno de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja). Por todo ello, “debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE”.

En su voto particular, los Magistrados Valdés y Asua afirman que la sentencia supone un “retroceso en la protección de los derechos fundamentales” de los trabajadores. Entienden que debió declarar la nulidad del despido porque la instalación de las cámaras se realizó sin informar al empleado de su finalidad concreta y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.4 CE). En su opinión, la sentencia modifica la doctrina olvidando la dimensión dada hasta ahora por el Tribunal al derecho protegido por el art. 18.4 CE; la diferencia entre este derecho y el consagrado en el art. 18.1 (derecho a la intimidad personal); y que el control del uso y destino de los datos personales “está constitucionalizado y en la base de la consagración del derecho fundamental”, una idea que, aseguran, cobra enorme relevancia en la actualidad dados los medios técnicos existentes y el hecho de que “las imágenes grabadas y tratadas pueden servir a propósitos tan inquietantes como la confección de un perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o ponerse al servicio de otras amenazas contra el individuo”. Por último, consideran que la sentencia “confunde la legitimidad del fin” perseguido en este caso concreto por la empresa (verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleado) “con la constitucionalidad del acto” en sí (que exige ofrecer previamente la información necesaria sobre la finalidad de la instalación de las cámaras).

Por su parte, Xiol considera que la información genérica sobre la instalación de cámaras de videovigilancia dirigida al público es “insuficiente” en el ámbito laboral. En su opinión, admitir que el empresario, “ante cualquier sospecha”, está “autorizado por la Constitución” a instalar libremente cámaras para el control del trabajo “dinamita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos”, pues lo hace “ineficaz, carente de todo sentido práctico e irreconocible”.

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Chile | Prosegur se enfrenta a la prohibición contrato del sector público por violaciónes antisindicales

El Tribunal de Apelación en Chile ha emitido una decisión en contra de Prosegur por prácticas antisindicales durante la huelga de 54 días del año pasado por su fuerza laboral chilena. 

Prosegur se ha encontrado que han socavado la negociación colectiva cuando contrató ilegalmente a trabajadores de reemplazo para cubrir los trabajadores en huelga. De acuerdo a la decisión de los jueces 489 de 500 trabajadores en Santiago se declararon en huelga en mayo pasado, sin embargo Prosegur mantiene operando con los supervisores y los trabajadores de las regiones fuera de Santiago que fueron traídos. En Chile esto es una violación de las condiciones en torno a la sustitución de golpear trabajadores. El Ministerio de Trabajo que se vio obligado a actuar después de Prosegur violó estas condiciones. Las compañías culpables de “prácticas antisindicales” están prohibidos de contratos del sector público durante dos años. Esto incluye todos los niveles del Estado, incluido el municipal y el gobierno central.

Como resultado de esta decisión Prosegur es ahora un paso de ser expulsado de todos los contratos del sector público en Chile por un período de dos años. Prosegur tiene hasta el 19 de marzo para decidir si apelará el fallo ante la Corte Suprema de Chile. UNI Global Union es informado de que es poco probable que el Tribunal Supremo dejará sin efecto la decisión. La prohibición afectará a sus operaciones en efectivo en tránsito. Sin embargo Prosegur inmediatamente perderá su contrato con el banco más grande de Chile, BancoEstado, así como el organismo estatal responsable de los pagos de pensiones estatales que se paga en efectivo en su mayoría en todo el país.
UNI GLOBAL UNION

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