Juzgan a dos guardias de seguridad privada y a un Guardia Civil por dar una paliza a un hombre en un complejo turístico de Orpesa.

Juzgan a dos guardias de seguridad privada y a un Guardia Civil por dar una paliza a un hombre en un complejo turístico de Orpesa.

Los hechos sucedieron en febrero del 2014 cuando la víctima circulaba en bicicleta por los alrededores de este complejo y fue interceptado por dos guardias de la empresa de seguridad privada de la urbanización y el agente de la Benemérita.

La calificación de la fiscal pide para el agente de la Benemérita una pena de tres años y seis meses por un delito de torturas y para uno de los vigilantes la pena de 18 meses de prisión por el mismo delito. Para el tercer acusado, también guardia de seguridad, la fiscal pide una pena de 18 meses de prisión por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. 

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ALCOR |La Policía sostiene que Alcor justificó para lucrarse cursos que no celebró

Una conversación telefónica entre Somoza y su representante en Asturias desvelaría las irregularidades. La Delegación del Gobierno en el Principado puso a los agentes sobre la pista. La contratación externa de servicios municipales se antoja como una fórmula caduca.

La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional que investiga un supuesto entramado ilícito orquestado por la empresa de seguridad privada Alcor, con sede en Monforte, cree que existen claros indicios de que los responsables de esta firma justificaron cursos formativos subvencionados por el Ministerio de Empleo sin llegar a celebrarlos con el objeto de obtener un lucro. Los agentes disponen de grabaciones telefónicas que así lo atestiguarían y que forman parte del sumario judicial contra el responsable de Alcor, Carlos Somoza.

La Policía recoge en sus conclusiones que esas enseñanzas fueron justificadas por Alcor como celebradas en la ciudad del Cabe para trabajadores que prestaban sus servicios fuera de la comunidad autónoma gallega y conseguidas por otra empresa, Serramar Vigilancia y Seguridad, en la que ostentan cargos de apoderados Somoza y su esposa, Raquel Álvarez, exconcejala monfortina.
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Julio Cruz pregunta en el Senado por el “afán privatizador del PP también en materia de seguridad”

El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma de Canarias (procedente de La Gomera), Julio Cruz, ha registrado una serie de iniciativas en la Cámara Alta encaminadas a que el Gobierno de España informe de los motivos por los que ha recortado en recursos humanos y materiales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Es necesario que explique su afán privatizador también en materia de seguridad”, sostiene.

Cruz afirma que en estos más de cuatro años de Gobierno del PP, “se ha regresado a la tendencia marcada en su día por José María Aznar: defensa de la seguridad privada en detrimento de la pública, es decir, penosa apuesta por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Como recuerda, organizaciones empresariales y colectivos ciudadanos del sur de Tenerife “han alertado en los últimos meses de la situación de inseguridad que sufre la zona, que se ha ido agravando a medida que han transcurrido estos cuatro años: oleadas de robos, amenazas, ataques con violencia…”.

Lamenta que, frente a ello, el Gobierno del PP “haya optado por recortar en recursos materiales y humanos”. En este punto, subraya que el PSOE “quiere reconocer y poner en valor el trabajo encomiable que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y está con ellos en sus demandas, pues resulta vergonzoso que estos profesionales tengan que pagar con dinero de sus bolsillos material totalmente necesario para poder desarrollar su labor con garantías y seguridad”.

Julio Cruz hace hincapié en que el PP “no cree en lo público, tampoco en seguridad”. Asegura que estas críticas “no responden a una cuestión política, pues hemos visto alcaldes y alcaldesas de todos los partidos mostrar su preocupación por la situación que se da en el sur de Tenerife”. Señala que los datos de los que se dispone apuntan a que en los últimos cuatro años se ha ido produciendo una reducción paulatina de plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en toda Canarias.

Explica que cuando Aznar entró en el Gobierno, la seguridad privada contaba con 10.000 agentes en España, “y alcanzó los 130.000 al finalizar su último mandato, la misma cifra en que disminuyó la seguridad pública”. Advierte de que el PP “ha creado una seguridad para quien pueda pagarla, pese a tratarse de un servicio público y una responsabilidad del Gobierno que se debe prestar a toda la ciudadanía”.

El senador autonómico remarca que el PSOE “insistirá cuanto sea necesario en las Cortes para que en Canarias se recuperen los recursos humanos y materiales en materia de seguridad de los que se disponía antes de la llegada de Rajoy a la Moncloa”.

eltambor.es

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UGT pide a la Junta que las empresas de seguridad cumplan la cláusula social

El sindicato UGT ha pedido a la Junta de Extremadura que exija a las empresas de seguridad privada que trabajan para la administración autonómica que cumplan con los requisitos exigidos en la cláusula social instaurada para 2016.

Esta cláusula valora a la hora de la contratación que la empresa cumpla el convenio nacional del sector, así como otras medidas en beneficio del trabajador, como ha recordado a Efe el responsable de Seguridad Privada de UGT Extremadura, Raúl Plano.

El responsable sindical denuncia, sin embargo, que tras las últimas adjudicaciones de concursos concedidas principalmente a una misma empresa, ésta no esté cumpliendo esta cláusula, aunque no es el único caso, ha añadido.

El representante sindical ha pedido que las empresas adjudicatarias cumplan el convenio nacional de seguridad privada, que contempla mejores condiciones para los trabajadores de las que ofrecen los convenios de empresa.

Según ha expresado, el problema derivado de la reforma laboral, que permite el “descuelgue de los convenios” por parte de las empresas, a lo que se une que la cláusula social autonómica tiene “diversos vacíos legales” que son “aprovechados” por las compañías.

El sindicato espera reunirse con los responsables autonómicos del sector para que se realice un contrato marco que obligue al cumplimiento del convenio nacional del sector.

En opinión del máximo responsable de Seguridad Privada de UGT en la comunidad autónoma extremeña, la solución pasa por este contrato marco, que ya existía hace unos años en este área.

Uno de los “problemas” del sector, como ha dicho Plano, es que las empresas “venden” una supuesta disminución de la actividad para realizar políticas laborales restrictivas, pero la realidad “es otra”.

Así, la administración pública “sigue ofertando los mismos contratos” y la actividad privada se mantuvo en 2015, y sin embargo creció la “precariedad” en la comunidad autónoma.

El sector firmó un convenio para el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016 que permite una serie de mejoras, como el incremento de los salarios o los pluses de vestuario y transporte en las pagas extras, mejoras que “no cumplen todas las empresas”.

finanzas.com

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